En un gobierno democrático es fundamental establecer mecanismos legales que aseguren el comportamiento ético del gobierno.

El código de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobado en 1990, es una de las instituciones que respaldan este derecho a la ciudadanía, todas las condiciones que los diferentes actores deben cumplir para llevar a cabo elecciones: los que participan en las casillas; los partidos políticos, y los organismos gubernamentales que vigilan y coordinan las elecciones.

El artículo 38 establece:

a)  Conducir actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militares a los principios del Estado democrático.

b)  Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga objetivo alterar el orden público.